Tegucigalpa, M.D.C., 26 de agosto de 2025. El Ministerio Público (MP) emitió hoy 5 requerimientos fiscales contra exfuncionarios del Instituto de la Propiedad (IP) y directivos de la Fundación Ayudando con Amor por un fraude de L39.5 millones, relacionado con el Fideicomiso para la Administración del Proyecto Sistema Tecnológico y Logístico para la Administración de los Derechos de Propiedad en la República de Honduras (Fideicomiso SITEC-IP).

 

Este caso fue denunciado en junio de 2024 por el exministro de Finanzas, Marlon Ochoa, quien identificó al fideicomiso SITEC-IP como “un símbolo de la corrupción público–privada” instaurada durante los gobiernos del Partido Nacional, para administrar recursos públicos como si fueran patrimonio privado.

 

El requerimiento fiscal del MP señala a los siguientes exempleados de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del IP y directivos de la Fundación Ayudando con Amor, por delitos de fraude y uso de documentos falsos:

• Cristy Dayanara Sánchez Valle, excoordinadora técnica.
• Tania Michell Montoya Zepeda, exgerente administrativa y financiera.
• Mario Roberto Reyes López, exdirector del Programa de Vivienda Social.
• Leyla Patricia Rubio Valladares, excoordinadora de la Unidad de Presupuesto.
• Claudia Pamela Álvarez Matute y Bairon Josué Berríos Salinas, representantes de la Fundación Ayudando con Amor

 

De acuerdo con las investigaciones, los imputados se coludieron para utilizar fondos del fideicomiso SITEC (ya derogado) y firmar un convenio con la Fundación Ayudando con Amor con el supuesto fin de construir proyectos sociales que nunca se ejecutaron. El convenio establecía el desembolso de 39.5 millones de lempiras en concepto de “donación”, pese a que la UCP no estaba autorizada para otorgar donaciones. Los fondos provenían de la Tasa Vehicular, impuestos registrales y de traspaso de dominio de bienes, recursos que debían ser enterados a la Cuenta Única del Tesoro, pero fueron desviados mediante el fideicomiso SITEC-IP.

 

Un año después, los fondos comenzaron a desembolsarse mediante cheques girados a cuentas controladas por los imputados, quienes presentaron documentación falsa para justificar pagos inexistentes. Este esquema permitió saquear el erario público con total opacidad.

 

Entre 2015 y 2022, este esquema permitió que se dilapidaran alrededor de 19 mil millones de lempiras, debilitando la Cuenta Única del Tesoro (CUT), aumentando la opacidad y violando la Constitución, la Ley de Presupuesto y la Ley de Contratación del Estado.

 

La denuncia de Ochoa contra SITEC fue presentada junto a otros tres casos emblemáticos de fideicomisos heredados del Partido Nacional: Vida Mejor, Tasa de Seguridad e INVEST-H. Todos ellos constituyen, en palabras del exministro, “una arquitectura del saqueo público–privado que vació las arcas del Estado en detrimento del pueblo hondureño”.

 

El caso SITEC-IP marca un paso decisivo en el desmantelamiento de estos esquemas, reafirmando el mandato de la Presidenta Xiomara Castro de administrar los impuestos en la Caja Única del Tesoro y garantizar que nunca más se repitan mecanismos de saqueo institucionalizados.